LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO BIEN PÚBLICO SOCIAL

Exhortan a invertir más
17/07/2009

Uruguay valora como positiva la conclusión de la Conferencia Mundial de Educación Superior, que considera a la educación superior como un bien público social. Pero es necesario, según los expertos, que los gobiernos inviertan más y que todas las personas tengan acceso por igual a la enseñanza.

La ministra de Educación y Cultura, María Simón, encabezó la delegación uruguaya que participó de la Conferencia, en la que más de 1.000 representantes de 150 países, entre ministros, rectores de universidades, profesores, estudiantes universitarios, representantes del sector privado y de organismos regionales y multilaterales, examinaron variados temas de educación.

"La educación superior es un bien público y un imperativo estratégico para todos los niveles de educación y la base para la investigación, la innovación y la creatividad debe ser un tema de responsabilidad y de apoyo económico de parte de todos los gobiernos", señala la declaración de la II Conferencia Mundial sobre Educación Superior, convocada por la UNESCO y que se realizó en su sede de Paris entre el 5 y el 8 de julio.


La educación y el mercado
En el último Consejo de Ministros, la ministra Simón resaltó el papel fundamental que tiene el Estado en las políticas educativas, pero se mostró preocupada por la tendencia que está dejando librada las funciones sustantivas de la educación a una lógica de mercado.

Simón contó que al principio el proyecto de resolución de la Conferencia era totalmente distinto, ya que proponía la comercialización de la educación superior, siguiendo las directrices de grupos de comercio dentro de la UNESCO, que “se dedican a lo suyo y en los cuales los países pequeños no están representados, son grupos de los países más poderosos”.

Pero finalmente, debido a la coordinación de los países latinoamericanos, se llegó a una buena declaración, que reconoce a la educación como un bien público, importante no solo para los estudiantes sino para toda la sociedad, enfatizó Simón.

“La educación debe ser de calidad, pertinente y relevante, esto es lo que la contextualiza y la incluye en una política de país”, dijo la jerarca, al tiempo que subrayó que estos aspectos son concordantes con la Ley de Educación de nuestro país.

En representación de las universidades privadas de Uruguay asistió a la conferencia el rector de la Universidad ORT, Jorge Grünberg, quien destacó que se haya llegado a un consenso a nivel mundial sobre la importancia que tiene la educación superior para el desarrollo de los países.

“Existe la convicción de la importancia de la educación en general y de la superior en particular. Los países tienen que estar preparados para realizar mayores inversiones que le permitan explotar sus recursos humanos”,señaló el rector a Universia.

Grünberg resaltó que la educación superior es un bien público y como tal debe ser entendida, al tiempo que se mostró satisfecho por la participación de Uruguay en este encuentro mundial.


Desarrollo sostenible
Los expertos mundiales coincidieron en que la educación superior y la investigación han contribuido en la última década a erradicar la pobreza, impulsando el desarrollo sostenible y el progreso.

"En ningún momento de la historia ha sido más importante invertir en la enseñanza superior como vector importante de la construcción de una sociedad del conocimiento diversa e integradora y del progreso de la investigación, la innovación y la creatividad", se sostuvo en la Conferencia.

Se subraya que “la enseñanza superior debe perseguir a un tiempo los objetivos de equidad, pertinencia y calidad”.

Los expertos coincidieron en la necesidad de solicitar a sus gobiernos que incrementen la inversión en educación superior "con el objetivo de mantener la calidad y la igualdad en todo momento y promover la diversificación, tanto en garantizar el acceso de educación superior como en su financiamiento".

Desagradable sorpresa
Si bien los representantes de América Latina y el Caribe se mostraron satisfechos por los resultados de la Conferencia, la ausencia de temas latinoamericanos y caribeños no pasó desapercibido.

El ex rector de la Universidad de la República de nuestro país y secretario de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo, Rafael Guarga, lamentó que a pesar de los enormes esfuerzos políticos y organizativos hechos por la región, los temas que le interesan estén poco reflejados en la agenda. expresó.

Por Alicia Montesano

FUENTE. http://www.universia.edu.uy/Noticia-Principal/La-educacion-superior-como-bien-publico-social.html

LA UNESCO DECLARO A LA EDUCACION SUPERIOR “UN BIEN PUBLICO”.

Mucho más que una mercancía.

El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, explicó a Página/12 que “el bloque latinoamericano tuvo una cohesión muy fuerte” que permitió que se declarara a la enseñanza universitaria como un bien público. La OMC la considera “un bien transable”.

La Conferencia Mundial de Educación Superior que se desarrolló la semana pasada en París declaró a la enseñanza académica como un “bien público”. La posición en bloque de América latina y el Caribe fue la más firme y la que, finalmente, logró que se incorpore el concepto. Los 51 millones de nuevos estudiantes que aparecieron en los últimos diez años hacen ver a la educación superior como uno de los “mercados” con proyección de desarrollo. La carencia de docentes para contener a la gran masa de nuevos estudiantes también fue una de las preocupaciones planteadas durante el encuentro.

“Fue uno de los temas de mayor debate en la conferencia. Pero la cohesión interna con la que se movió el bloque latinoamericano fue muy alto”, explicó a Página/12 el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, luego de participar del encuentro organizado por la Unesco. Después de diez años las comunidades académicas de todo el mundo volvieron a juntarse para compartir experiencias e impulsar las directrices que marcarán los pasos a seguir en materia de educación superior. En el encuentro parisino participaron más de mil representantes académicos, funcionarios políticos y especialistas del área procedentes de 148 países.

Entre bambalinas la discusión que proponían países europeos y asiáticos con una postura inclinada hacia la visión comercial era imponer el concepto de “servicio público”. “En la primera versión del documento final ni siquiera aparecía la definición. El bloque de América latina y el Caribe empujó el debate para que finalmente figure como quedó: bien público”, indicó Tedesco. El secretario general de Conadu, uno de los tres gremios que los docentes universitarios tienen a nivel local, Carlos De Feo, señaló en diálogo con este diario que “el hecho de que haya quedado plasmado en la declaración final el concepto de bien público es aún más importante porque lo vincula con el papel que el Estado tiene que tener para el sostenimiento de la educación superior”.

La posición que llevó América latina había sido debatida fuertemente durante la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias el año pasado. Justamente, se buscaba llegar a París con un documento debatido y consensuado para hacer frente a las poderosas universidades europeas y asiáticas y donde se dejara en claro la oposición frente a la Organización Mundial de Comercio que había declarado a la educación superior como un “bien transable”.

El director general de la Unesco, Koichiro Matsuura, destacó en el discurso de inauguración que la educación superior estaba “experimentando una verdadera revolución” y mencionó cuatro factores principales que trabajaban en su transformación. En primer lugar ubicó a “la aceleración de la demanda”, en referencia a los 51 millones de estudiantes nuevos matriculados en las universidades desde el año 2000. En el segundo lugar ubicó a la “diversificación de proveedores” resaltando la contención de la enseñanza privada, que asciende a un treinta por ciento de la demanda. A continuación, “el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación” y, finalmente, a la mundialización “manifiestamente presente en la manera en que enseñamos, aprendemos, estudiamos, investigamos y comunicamos”.

Otro de los puntos que se plantearon en el cónclave académico fue la “falta de docentes universitarios que pudieran satisfacer la demanda” que supone la gran cantidad de nuevos estudiantes. En ese sentido, el ministro Tedesco señaló que “el prestigio tiene mucho que ver con esto. No debería ser menos prestigioso enseñar que investigar y ésa es una de las principales causas, porque existe gran cantidad de incentivos para la investigación, pero no para la docencia”. Pero la preocupación planteada también incluyó “la pedagogía universitaria. Hubo reflexiones muy fuertes sobre cómo se enseña, fundamentalmente apuntando al fracaso de cerca del cincuenta por ciento de los estudiantes el primer año de estudio que es una constante en casi todos los países”, agregó el titular de la cartera educativa.

Fuente: Página 12. Martes, 14 de julio de 2009.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-128201-2009-07-14.html

FECHA DE CAPTURA. 20-08-09.-

LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO COMO UN BIEN PÚBLICO.

TRIBUNA.

Cambios en la educación superior.

En la medida en que el conocimiento es el factor fundamental en la dinámica del nuevo capitalismo, el mundo entero debate hoy cómo crear, apropiarse y distribuir saberes. La Argentina debe hacerse cargo de la importancia de esa discusión, opina Juan Carlos Tedesco.
Por: Juan Carlos Tedesco (Director Unidad de planeamiento estratégico y evaluación de la educación argentina).

La necesidad de introducir cambios en la educación superior, acordes con los desafíos de construir una sociedad justa en el marco de un modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de conocimientos e información, es motivo de debates en casi todos los países. La explicación es clara: en la medida que el conocimiento es el factor fundamental en la dinámica del nuevo capitalismo, la pugna por apropiarse de los lugares de creación y distribución del conocimiento están hoy en el centro de los conflictos sociales.

El primer punto a discutir consiste, por eso, en definir el carácter público o privado de la educación y el conocimiento. La reciente Conferencia Internacional sobre Educación Superior, organizada por la UNESCO, ratificó la importancia y validez de declarar a la educación y al conocimiento como un bien público. Esta declaración pone un freno a las tendencias que pretenden imponer la lógica del mercado en la producción y distribución de los conocimientos y brinda el marco político para las estrategias con respecto a financiamiento, gobierno de las instituciones, expansión, acreditación, certificación de títulos, ética profesional y científica y procesos de internacionalización, entre otros. Pero el carácter público de la educación obliga a que los conocimientos que ella produce y distribuye sean socialmente significativos. En otras palabras, que la educación sea de excelente calidad.

En segundo lugar, es necesario otorgar a la enseñanza superior un financiamiento dotado de garantías de continuidad. No se trata sólo de aumentar los recursos sino de brindar a esos recursos un carácter protegido de cualquier tentación de ajuste.

En tercer lugar, es importante definir regulaciones con respecto a los procesos de expansión. El desarrollo social y productivo del país requiere una población cada vez más educada, pero la expansión de la cobertura obliga a adoptar nuevas estrategias institucionales. La expansión tiene que estar asociada a la mayor diversificación de la oferta, que se adapte a la diversidad de los estudiantes pero también a las demandas de la sociedad. Para que esto sea posible, es necesario asociar la creación de nuevas instituciones y carreras a procesos de planificación, que permitan introducir perspectivas de mediano y largo plazo.

En cuarto lugar y estrechamente vinculado con lo anterior, es importante discutir los problemas vinculados a diseños curriculares, pedagogía universitaria, utilización de las tecnologías de la información y formación docente. Por un lado, es necesario atacar el grave problema del fracaso en los primeros años de estudio. Por el otro, hay que enfrentar los desafíos de la renovación acelerada de los conocimientos, que obliga a aprender a lo largo de toda la vida. Necesitamos enfocar este problema con políticas integrales, que involucren la formación docente, los títulos intermedios, la recertificación, las tutorías y una fuerte política de becas para los estudiantes más desfavorecidos. Asimismo, es fundamental otorgar mayores niveles de prestigio a la enseñanza en los primeros años de las carreras.

Particular importancia tiene en esta discusión el tema de la educación a distancia. Algunos piensan que esta es la solución al dilema de aumentar la cobertura con alta calidad y pertinencia. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que la realidad es más compleja ya que la educación a distancia obliga a los estudiantes más desfavorecidos a realizar esfuerzos de autoaprendizaje muy importantes, para los cuales no están preparados. Es necesario definir pautas para la regulación de la oferta a distancia, que no frenen el dinamismo de esta modalidad pero que eviten fraudes o inversiones ineficientes.

Por último, el debate internacional muestra la importancia que ha adquirido la formación ética de los profesionales, científicos y técnicos. El uso de los conocimientos tiene hoy gran impacto social. El concepto de "responsabilidad social" resume esta preocupación y por eso es tan importante que se introduzcan en los planes de estudio la prescripción de realizar experiencias de aprendizaje que fortalezcan en nuestros universitarios valores tales como democracia, justicia social, respeto a los derechos humanos y cuidado del medio ambiente.

Nuestro país ya ha iniciado este debate. La Unidad de Planeamiento Estratégico de la Educación, recientemente creada en el ámbito de la Presidencia de la Nación, sumará sus aportes para que podamos llegar a acuerdos que brinden al país una ley y una política de educación superior que se constituya en un instrumento apto para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

FUENTE: http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2009/08/19/_-01981347.htm

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GESTION PUBLICA 21 implica el desarrollo de una nueva concepción que integra la gestión publica, con la aplicación de un derecho administrativo de base ética donde realmente predomine el interés general por sobre el interés corporativo o sectorial. En efecto, hasta tanto no se desarrolle y se ponga en práctica esta nueva visión integral seguiremos practicando un derecho administrativo que lejos de regular y direccionar la conducta de la Administración hacia ese objetivo público se ha transformado en un elemento legitimante de burocracia ineficaz que no responde ni sirve al interés general de la comunidad (administrar es servir).

La existencia de una gestión del bien común en forma responsable, transparente, impersonal y objetiva hace que la sociedad se vea identificada con esos valores y genere una cultura jurídica acorde. "...No son los hechos los que deben seguir al derecho, sino que es el derecho el que debe seguir a los hechos…" - (Corte Suprema, causa "Avico c. de la Pesa", Fallos: 172:21 y "Provincia de San Luis c/ Estado Nacional", sent. del 05-03-03, publicada en Suplemento Especial del diario La Ley, del 06/03/03).Por todo ello, para lograr el bien común es necesario desarrollar una verdadera cultura ética en el ámbito público mediante el efectivo cumplimiento de determinados valores en el ejercicio de la función pública (responsabilidad, honestidad, transparencia, credibilidad, respeto, compromiso, eficiencia, solidaridad y profesionalidad).